Ramón Fenoy delante de su antigua casa, en la calle Granadella n. 11, poco antes de su derribo.
Baja el Comunicado de las 4 familias desalojadas el 19 de octubre 2007
"Dirigimos
este comunicado al resto de vecinos del barrio para desmentir los
rumores que se han vertido en contra de nosotros y para dar a conocer
nuestro punto de vista sobre los hechos ocurridos el día en
que fuimos desalojados de nuestras casas…"
El día 19 de octubre de 2007 se presentaron quince furgonetas de antidisturbios para desalojarnos; tiraron las puertas abajo gritando y amenazándonos; mientras recogíamos nuestras pertenencias, los antidisturbios sacaron los cascos y las porras y empezaron a golpear salvajemente delante del colegio infantil Bernat de Boïl, en horario de recreo. El desalojo era ilegal; estaba autorizado por una supuesta “rescisión unilateral de contrato” contra la cual nuestra abogada ya había presentado denuncia. (Los abogados de Urbanismo nos dijeron que hacía ocho meses que se habían cortado nuestros contratos pero por un "error informático" se habían olvidado de avisarnos; intentaron devolvernos el dinero, que tuvimos que volver a ingresar en una cuenta judicial; a partir de entonces nos consideraron “ocupantes sin título” de nuestras casas).
El verdadero motivo de este plan maquiavélico era el siguiente: asustar a los vecinos para que nadie se atreva a pedir lo que por ley nos corresponde a las familias que llevamos toda la vida en nuestras casas con contratos indefinidos todavía en vigor. El Patronato de la Vivienda quiere ahorrarse las indemnizaciones que nos tocan a los vecinos de toda la vida; para eso cuentan con el apoyo incondicional de la Asociación de Vecinos, que siempre ha primado los intereses de algunos de sus miembros a costa del resto del barrio.
Queremos que se sepa que nosotros, las cuatro familias, sabíamos de antemano que íbamos a ser desalojados: tres días antes del 19 de octubre empezamos a ver en frente de la escuela de adultos algunos agentes de paisano, entre los cuales una mujer, que vigilaban nuestras casas, posiblemente esperando el momento en qué estuviéramos solos para actuar. Nosotros estuvimos esperando el desalojo, porque la única alternativa que nos ofrecían era dejar las casas retirando el contencioso que tenemos abierto.
Saben que tenemos derecho a indemnización: nos estuvieron presionando durante ocho meses amenazando que nos quedaríamos sin piso o realojados fuera del barrio si no retirábamos el contencioso. Al final tuvieron que realojarnos en los pisos nuevos con el contencioso abierto, como dictamina la ley. El Patronato y Urbanismo, con el desalojo y la violencia policial, quisieron dar un escarmiento para que nadie más se atreva a pedir sus derechos: pero si los vecinos de la segunda fase hacen lo mismo que nosotros (consultar abogados, informarse, no firmar nada que perjudique, denunciar las irregularidades, no dejarse engañar) podemos entre todos convertir este plan de remodelación en una verdadera mejora para los vecinos del barrio y para toda
la ciudad.
Queremos agradecer a AVIS DEL BARRI y al resto de vecinos y vecinas que han mostrado su apoyo así como a las personas cercanas a los movimientos sociales y plataformas vecinales de otros barrios, que hicieron suya nuestra lucha, y que a lo largo de todos estos meses han estado apoyándonos y ayudándonos a dar visibilidad al conflicto de las Casas Baratas.
